Cuando nos asomamos a la prensa diaria, incluso a los informativos de televisión, nos damos cuenta de un hecho notorio, y a la vez inédito, cómo es que un porcentaje muy alto del tiempo de información tiene que ver con corrupción y delitos relacionados con el gobierno de uno u otro partido. Últimamente la situación se ha extremando, y ya abiertamente se habla de la politización de la Justicia y de las instituciones, casi con total normalidad. Y es que lo anormal se está convirtiendo en cotidiano. Existe una muy alarmante situación de degradación en la sociedad, promovida por la falta de empatía con una realidad que le supera, y es que se está degradando el instinto democrático de los ciudadanos.
El problema se resume en una expresión inglesa bastante conocida, y muy utilizada en el ámbito de la política, y que se refiere a “meter el elefante en la habitación”, es decir, la corrupción en los partidos políticos, y, por tanto, en los gobiernos, que como es fácil de entender, es un tema espinoso que todos conocen pero del que nadie se atreve a hablar, y que lleva a preguntarnos si del caso Gürtel al caso Koldo no hemos aprendido nada.
Lo cierto es que existe claros paralelismos entre ambos casos. El caso Gürtel (2007) se trató de una supuesta trama de corrupción política vinculada al Partido Popular, entonces en el Gobierno, encabezada por un empresario, de nombre Correa, cuyo apellido en alemán dio nombre el caso, y que tuvo una ramificación al denominado caso Bárcenas por financiación ilegal del partido político.
En el caso Koldo (2024) estamos hablando de una supuesta trama de corrupción vinculada al Partido Socialista, ahora en el Gobierno, encabezada por un empresario (Aldama) y un asesor de ese partido, Koldo García, que ha dado nombre al caso, y que ha tenido paralelismos en el caso de Begoña Gómez o el escándalo Delcygate.
Por tanto podemos afirmar, con rotundidad, que durante estos casi 20 años no ha existido un remedio efectivo para este tipo de casos y, lo que es peor, el incesante goteo de escándalos que se han ido sucediendo ha creado en muy buena parte de la ciudadanía la sensación de impunidad para este tipo de hechos.
Por su parte, la Ley sí ha salido al paso de este problema, con buenas intenciones, creando un marco de responsabilidad para los partidos políticos, que pueden llegar a ser declarados responsables de los delitos, lo que, sin embargo, no ha impedido que se reproduzcan, como esporas, supuestas tramas y casos de corrupción ¿por qué? ¿es que los partidos políticos no temen a la Ley? ¿es que se creen por encima de ella?
Los partidos políticos, como verdaderas instituciones vertebradores del funcionamiento de nuestro estado social y democrático de derecho, deben de acreditar una cultura de cumplimiento interna que demuestre su voluntad férrea de evitar indeseables prácticas corruptas. No cabe duda que un entorno laxo es el precedente de la “criminalidad política” y es el caldo de cultivo perfecto.
Es necesario que las formaciones políticas implanten y ejecuten funciones de prevención y de reacción legal que demuestren, sin fisuras, una cultura normativa de cumplimiento preventivo en el ámbito penal, y que no se limiten a meros formalismos para “cumplir con es expediente”. Los motivos son obvios, primero para preservar a la persona jurídica, en este caso el partido político, que puede verse envuelta de la mala práctica de alguno de los elementos aislados. Este es el principio inspirador de las empresas privadas por el que destinan muchos esfuerzos económicos y personales a diseñar e implantar unas estructuras de compliance fuertes, objetivas y autónomas, que permitan saltar por encima de todas las inercias de complicidad que todas las organizaciones tienen. ¿por qué ningún partido político hace exhibición de un órgano de cumplimiento verdaderamente independiente?
Mientras los partidos políticos tengan la creencia, errónea, “que los trapos sucios de se lavan en el vestuario” los ciudadanos nunca veremos “el elefante en la habitación”, y solo veremos el escándalo o el deterioro democrático, cada vez más acusado; pero, seamos conscientes, el verdadero problema es que los seguimos votando.
La proactividad en tomar determinaciones transparentes y objetivas de cara a aclarar actuaciones presuntamente irregulares, es decir, que los partidos políticos acuerden abrir una investigación interna para depurar potenciales responsabilidades, antes de que salte el escándalo, es la esencia de la solución al problema del que pretenden evadirse. Este es el elefante que no quieren ver dentro de la habitación.
Lo anterior debe suponer un deber social y ético, que para un partido político debería hacerle sentirse obligado incluso por encima de lo que diga la Ley. Los partido políticos deberían diseñar e implementar un modelo de organización y gestión con medidas de vigilancia y control idóneas y efectivas para prevenir los delitos. Ese conjunto de normas tiene que ser eficaz, público, auditable, autónomo y lo más independiente posible. No hay excusa que valga.
Las fuerzas políticas deben hacer gala de unos valores y unas normas que las definan como organización. Un elemento clave de esa definición tiene que ver con su sistema de prevención de delitos y malas prácticas, que debe ser transparente y eficaz. Voluntariamente, deberían informar de sus purgas e incluso personarse como acusación popular en casos de corrupción que afecten a miembros aislados de su formación, para, entre otros, preservar el buen nombre de sus siglas. Así mismo, deberían publicar informes periódicos que puedan ser revisados tanto por los afiliados a ese partido político como por cualquier interesado o el público en general.
No sirve de nada que los partidos políticos tengan un conjunto normativo interno, un código ético, un canal de denuncias, o un programa de prevención de blanqueo, si no existe un diseño de controles eficaces y efectivos y un sistema de control autónomo, que sea capaz de poder advertir al máximo responsable del partido político, sin injerencias y lo antes posible, al igual que pasa en las empresas privadas, sobre cualquier potencial hecho que ponga en cuestión la integridad de su formación.
Esto permitirá permeabilizar al conjunto de los ciudadanos una sensación de compromiso y, además, podrá proporcionar una exención de responsabilidad penal de su actividad política, que preserve el interés general de sus afiliados y votantes que son “los accionistas” del partido político, y también a la sociedad española. Todos tenemos derecho a que los partidos políticos, y sus siglas, no se vean perjudicados por el interés particular de un individuo o un grupo de individuos que podrían estar utilizando el sistema y la propia fuerza política con intereses espurios y personales, buscando su propio beneficio en lugar del interés general o común aprovechándose de su estatus de afiliado o en de su condición de “dirigente de un partido”.
Frente a ello cabe afirmar que, hoy por hoy, no existe transparencia acerca de cuantas denuncias se interponen y cuantas se investigan, ni de cómo terminan las investigaciones que se realizan ni de qué medidas se toman como consecuencia de éstas. No existe transparencia acerca de quién está gestionando o investigando los potenciales supuestos irregulares. No existe información alguna sobre la objetividad, autonomía y dependencia jerárquica que tiene, en el mejor de los casos, la persona o personas que están llevando a cabo esas investigaciones. Y por último, no existe conocimiento público de las medidas de seguimiento y de las decisiones que se han adoptado para evitar que se repita el mismo caso, ni si los controles que se hayan implantado son auditables y se han verificado en algún momento.
Esta condición debería ser clave para los ciudadanos a la hora de decidir a qué partido votar y al igual que la empresa privada es necesario que las más altas instancias de las formaciones políticas transmitan a sus bases un claro mensaje de tolerancia cero de cualquier tipo de corrupción. La definición y gestión de la estructura de compliance de un partido político no puede recaer en órganos o comisiones que no tengan preservada su independencia y definida sus competencias en el ámbito de cumplimiento penal y normativo y que estén dotados de un Estatuto interno que les permita no sufrir represalias por el hecho de realizar una investigación. Esto ya es una realidad en muchas de las empresas privadas españolas sin embargo en los partidos políticos no se ha dado ese paso al frente.
Por tanto, y como conclusión, es imprescindible que los partidos políticos se sensibilicen con medidas de prevención y medidas de reacción ante situaciones que atacan a su honorabilidad e integridad, poniendo en práctica, de una manera ejemplarizante, medidas que ataquen y atajen de raíz los núcleos o brotes de corrupción que se puedan detectar en sus formaciones políticas. Es clave que esas reacciones y que las decisiones tomadas sean comunicadas al conjunto de la ciudadanía, respetando por supuesto la privacidad de las personas afectadas, pero no los hechos ocurridos y las medidas adoptadas que, en su caso, pueden apartar del puesto de responsabilidad aquellas personas investigadas mientras se realiza el procedimiento de investigación interna, siendo fundamental que esa investigación se realice con total objetividad e impermeabilidad respecto a otros intereses que no sean el del buen fin del procedimiento de investigación que se ha iniciado y cuya conclusión puede suponer el tener que denunciar los hechos ante la Fiscalía anticorrupción e incluso a despedir o expulsar del partido político aquel miembro del mismo, con independencia del puesto que tenga, y que tenga una condena penal.
Autor: GovCom Abogados Governance & Compliance
Web: www.govcomabogados.com
